La denuncia data desde agosto. Una organización civil, diputados nacionales, la Defensoría del Pueblo y un grupo de vecinos alertaron sobre la existencia de una red de prostíbulos, donde –bajo la fachada de wiskerías– trabajarían menores de edad y se distribuirían drogas. Un mes después, la queja vecinal se extendió a Constitución.
Para leer la nota completa acceder al siguiente link:
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-114285-2008-10-31.html
